A pesar de mantener un discurso progresista en materia de derechos humanos, el gobierno de Michelle Bachelet parece no encontrar otra salida más que la represión al conflicto que enfrenta a mapuches con grupos de poder. Presos políticos que son juzgados según una ley dictatorial, y la gravísima situación de Patricia Troncoso, líder mapuche que mantiene hace más de cien días una huelga de hambre, pone a su gestión en el centro de la mirada internacional.
Activistas de distintas denominaciones aseguran que el gobierno de Michelle Bachelet favorece a los sectores capitalistas, y a sus millonarias inversiones instaladas en la región de Araucanía, al sur del país. Además, acusan a la presidenta de no ser consecuente con las promesas hechas al momento de su asunción - allá por marzo de 2006 - de 'gobernar para todos los chilenos'. Entre lo que feministas y defensores de los derechos humanos reclaman al gobierno figura el silencio ante las campañas de prensa que muestran a los pueblos originarios como terroristas sanguinarios, y que no defiende el derecho de estos sobre las tierras que hoy están en manos de los más poderosos.
La lucha mapuche se lleva a cabo dentro del marco de la recuperación de las tierras que habían sido suyas, y que están actualmente en manos de privados, quienes han acusado a los integrantes de pueblos originarios de causar incendios y actuar violentamente dentro de sus predios.
En una carta enviada por la comunidad mapuche a la presidenta en 2006 se asientan sus reclamos básicos: 'históricamente nuestro pueblo ha sido discriminado, jamás incluido como sujeto de derecho dentro del Estado chileno, por eso ahora más que nunca nos queda claro que jamás hemos sido parte de
Según el Censo de Chile de 2002, existen 604.349 mapuches, aproximadamente un 4 por ciento de la población total y representan el 87,3 por ciento de la población originaria.
El caso de Patricia
Patricia Troncoso Robles fue condenada a diez años de prisión según la ley Antiterrorista inaugurada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989), y que se mantiene en vigencia a pesar de violar garantías procesales fundamentales. Troncoso,
Por su parte, el gobierno ha insistido en que 'no es posible' una intervención en el caso de Troncoso, y que el proceso judicial 'está completamente cerrado'. Mientras tanto,
'La mano dura no siempre es eficaz, y no siempre es la mano justa', sostuvo el ministro secretario de
A través de una declaración titulada '
El 18 de este mes se cumplieron 100 días de la huelga de hambre que lleva adelante Patricia Troncoso (iniciada el 10 de octubre de 2007). Activistas feministas del norte de Chile redactaron una carta pública dirigida a la presidenta, en la que reclaman su rápida intervención en el caso de Patricia: '...los sueños que tuvimos como mujeres cuando enarbolamos sus banderas y la apoyamos, se estrellan día a día con la abrupta realidad. Se han sucedido ya dos muertes de jóvenes mapuche: Alex Lemún y Matías Catrileo. No contribuya Ud. señora Presidenta con otra muerte más'. Y concluyen: 'Sus firmantes, quienes le escribimos somos mujeres. Mujeres trabajadoras, académicas, dirigentas de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, de asociaciones indígenas, feministas, trabajadoras del hogar, estudiantes, entre otras'. A Bachelet se le reclama como autoridad máxima del Estado chileno, pero también como mujer, y como médica.
En las últimas horas, más de 840 profesionales, intelectuales y artistas firmaron un llamado a organizaciones y militantes por el derecho a la vida para solidarizarse con los presos políticos mapuche en huelga. También exigen la inmediata revisión y revocación del proceso judicial que condenó a Troncoso, y afirman que se cometieron irregularidades como el uso de testigos sin rostro y la recompensa a éstos con millonarios fondos. Además hay denuncias por tortura psicológica (una testigo denunció que vio como los gendarmes que custodiaban a Troncoso exhibían todo tipo de comidas frente a ella, y también se denunció que intentaron obligarla a comer).
El caso de Patricia recuerda al de Juana Rosa Calfunao, detenida y juzgada por el delito de desorden público y amenaza a carabineros dos años atrás. Calfunao, lonko (autoridad tradicional mapuche de la comunidad Juan Paillalef) se declaró entonces en huelga de hambre en respuesta a la violación de los derechos humanos de su comunidad (Juana además perdió un embarazo de dos meses y medio durante un operativo en el año 2000, y un año después ella y su hijo fueron víctimas de una durísima represión policial que dejó a ambos sin conocimiento).
Flavia Mameli
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=051408&Parte=0
